Sectarismo oficialista amenaza gobernabilidad en Caracas y 5 estados

Por Venezuela Real - 7 de Diciembre, 2008, 12:55, Categoría: Política Nacional

EDGAR LÓPEZ
El Nacional
07 de diciembre de 2008

DESPUÉS DEL 23-N  Sentencia del TSJ avala medidas para revertir la descentralización
Los mandatarios de oposición pedirán la aprobación de la Ley de Hacienda Estadal para garantizar recursos
El ex candidato a alcalde de Los Teques, Rómulo Herrera, fue atacado por militantes del PSUV

El presidente Hugo Chávez tiene tres maneras de dificultar la gestión de los nuevos gobernadores y alcaldes de oposición: 1) el discurso belicoso que arenga a liquidar a cualquiera que el jefe del Estado califique como golpista, oligarca o enemigo del pueblo; 2) el manejo discrecional de las asignaciones presupuestarias que le corresponden a los estados y municipios por concepto de situado constitucional e ingresos excedentarios; y 3) la reversión de la descentralización, específicamente a través del despojo de competencias e instituciones que correspondían a los gobiernos regionales y locales, pero que empiezan a ser reabsorbidas por el poder central.
 
Para los comicios del pasado 23 de noviembre, el llamado portaaviones electoral esta vez se expresó en la invitación a votar por "las llaves de Chávez". Tal tutelaje dejó en un segundo plano los principios constitucionales de estado federal centralizado y autonomía de los estados y municipios. Los candidatos del Partido Socialista Unido de Venezuela no podían garantizar a sus electores el cumplimiento de un plan de gobierno que atendiera las especificidades de las regiones y localidades, sino la ejecución del Primer Plan Socialista, diseñado por el Ejecutivo Nacional y aprobado por la Asamblea Nacional. Este plan, también denominado Proyecto Nacional Simón Bolívar, fue activado para reimpulsar los mismos cambios planteados a través de la reforma constitucional, a pesar de que fueron mayoritariamente rechazados el 2 de diciembre de 2007.
 
Como premio a la subordinación, Chávez ha anunciado que los nuevos gobernadores y alcaldes oficialistas serán invitados al Consejo de Ministros, donde tendrían más oportunidades de obtener respaldo a sus proyectos. Está claro que los invitados tendrán voz, pero no voto. En todo caso, la novedad implica que 17 estados y 263 municipios serán gobernados desde Miraflores. Y que el sectarismo oficialista amenaza a la Gran Caracas, Miranda, Carabobo, Táchira, Zulia y Nueva Esparta.
 
Comienzo conflictivo.

Chávez no tardó en abrir fuego contra los opositores electos, específicamente contra Antonio Ledezma, Henrique Capriles Radonski y Henrique Salas Feo, a quienes vincula con el golpe de abril de 2002.

 
Omar Barboza, presidente de Un Nuevo Tiempo, dice que la oposición está abierta al diálogo: "Pero somos escépticos, pues el Presidente considera que sus adversarios son sus enemigos".
 
El primer vicepresidente del PSUV, Alberto Muller, informó que se constituirán comités de seguimiento políticos a los nuevos gobernadores y alcaldes y que, en el caso de los opositores, se incrementaría la llamada contraloría social.
 
En el acto de su proclamación como alcalde de Libertador, Jorge Rodríguez dijo estar cansado de que le plantearan la necesidad de una acción mancomunada de los seis alcaldes que se reparten el gobierno de la gran Caracas: "Yo gobernaré con los consejos comunales y con mi comandante Chávez".
 
Antonio Ledezma había anunciado que su tarea era garantizar la gobernabilidad en la capital. Después de que Rodríguez le declaró pelea, el alcalde mayor reconoce que no va a ser una tarea fácil. Sin embargo, aspira a que prive la sensatez: "Desecho invitaciones a la guerra y no caigo en provocaciones. Yo prefiero situarme en la línea que nos conduce al diálogo. Parafraseando a Kennedy: no tener miedo a negociar, pero no negociar con miedo".

Ledezma podría tener grandes obstáculos para resolver el problema más apremiante de los caraqueños: la inseguridad. No cuenta con la Policía Metropolitana, que fue reabsorbida por el Ministerio del Interior y Justicia en enero pasado. Pero, optimista, el nuevo alcalde mayor promueve el diseño y ejecución de un plan metropolitano integral "que se pueda aplicar tanto en Petare como en Catia".
 
En opinión del sociólogo Javier Biardeau, "quienes demonizan el federalismo cooperativo y una descentralización asentada en el poder comunal no han comprendido todavía que la democracia está ligada a la desconcentración de todos los poderes, tanto de los formales como de los fácticos.
 
La geometría del poder implica repensar estas relaciones a través de esquemas territoriales de encadenamiento y apalancamiento, que no pueden confundirse con un simple debilitamiento del Estado nacional. La revolución bolivariana tiene que enfrentar la descentralización neoliberal, pero no puede liquidar la idea misma de una descentralización que apunte a empoderar a las instancias locales".
 
El ex magistrado de la Corte Suprema de Justicia, Román Duque Corredor, agrega que los consejos comunales (la única instancia de poder local que promueve el Gobierno) no son entes territoriales y, en modo alguno, pueden sustituir la autoridad y competencias de los gobernadores y alcaldes. El jurista sostiene que los resultados del 23-N indican que buena parte del país procura el fortalecimiento de las instancias intermedias de gobierno y rechaza la concentración hegemónica del poder en Caracas.
 
La pelea por los recursos.

En Miranda, el verbo de Chávez envalentonó al nuevo alcalde de Los Teques, Alirio Mendoza, para cerrar filas contra el gobernador Capriles Radonski. Públicamente, Mendoza desconoció la autoridad del mandatario regional y precisó que los 15 alcaldes oficialistas gobernarían "directamente" con Chávez.
 
Como Ledezma, Capriles Radonski ripostó que los que quieren pelear se van a quedar con las ganas. Sin embargo, comentó que lo primero que ha tenido que hacer es un inventario de todos los equipos que fueron saqueados en los últimos días de la gestión de Diosdado Cabello.
 
Igual que en la Alcaldía Mayor, las nuevas autoridades de Miranda tendrían que hacer esfuerzos para combatir el hampa sin todo el respaldo del Ejecutivo Nacional. Una primera señal fue el despojo de 300 armas a la policía estatal por parte de la dirección de armamento de la Fuerza Armada Nacional. Y esta semana se concretó la transferencia de servicios de salud y transporte a dependencias del Ejecutivo Nacional.
 
"Quitarle recursos a los estados y municipios viola la Constitución y, si así lo hicieren, tendremos que ejercer las acciones legales que correspondan", señaló Capriles.
 
No sólo se estaba refiriendo al hurto de una cafetera en alguna oficina, sino de la posibilidad de que el gobierno central trate de asfixiar económicamente a las gobernaciones y alcaldías en manos de la oposición, a través de un manejo discrecional de las asignaciones que corresponden a las regiones.
 
Omar Barboza acotó que la falta de transparencia en las finanzas públicas y los efectos de la crisis financiera mundial sobre los precios del petróleo y, consecuentemente, sobre el presupuesto nacional, pudieran complicar el panorama para el próximo año.
 
Por lo pronto, Capriles Radonski anunció que convocará al resto de gobernadores de la oposición para exigir a la Asamblea Nacional la aprobación de la Ley de Hacienda Estadal. "Sería la única forma de garantizar una distribución justa de los ingresos", advirtió.
 
Terreno allanado.

La posibilidad de que la oposición conquistara más espacios en los comicios regionales pudo haber motivado las decisiones del Ejecutivo Nacional para revertir la descentralización (que desaparecía como política de Estado en la fallida reforma constitucional) y concentrar en Caracas el mayor poder posible.

 
Para sorpresa de la mayoría del país, Chávez decretó 26 leyes el último día de los 18 meses que estuvo habilitado para legislar. En ese paquete se reeditaron propuestas de la reforma constitucional rechazada el 2-D. Mediante una reforma de la Ley Orgánica de la Administración Pública se crearon las autoridades regionales. La nueva figura tiene la misma naturaleza y objetivo que las vicepresidencias regionales que se querían incorporar a la Constitución. En definitiva, Chávez puede nombrar y remover funcionarios de alto rango que, en la práctica, pudieran tener más poder que los gobernadores y alcaldes electos popularmente.
 
Antes, el pasado 15 de abril, el Tribunal Supremo de Justicia había comenzado a allanar el terreno para la reversión de la descentralización. En respuesta a las dudas planteadas por la Procuraduría General de la República sobre la administración de puertos y aeropuertos, la Sala Constitucional interpretó las normas que regulan las competencias concurrentes del gobierno central y de los estados.
 
En ponencia de la magistrada presidenta, Luisa Estella Morales, se determinó que la transferencia de competencia a los gobiernos estadales (en los términos de la Ley Orgánica de Descentralización) puede ser revertida por el Ejecutivo Nacional ´con fundamento en razones de mérito, oportunidad y conveniencia".
 
Además, la sentencia establece que el Estado federal descentralizado que rige en Venezuela reserva al ámbito nacional del poder público la potestad de coordinación en relación con las competencias de los niveles estadal y municipal.
 
En definitiva, con la sentencia del TSJ, el presidente Chávez podría imponer su voluntad no sólo en los estados y municipios dominados por el oficialismo, sino en todo el país.
 
 
 
 
 





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