Denuncian persecución política contra Rosales ante la CIDH

Por Venezuela Real - 9 de Diciembre, 2008, 8:41, Categoría: Derechos Humanos

EDGAR LÓPEZ
El Nacional
09 de diciembre de 2008

JUDICIAL El TSJ no ha dado respuesta a la solicitud de amparo ejercida hace un mes
El abogado Jesús Ollarves alegó violación de los derechos a la vida, integridad personal, debido proceso y protección judicial
Después de los comicios del pasado 23 de noviembre, el nuevo alcalde de Maracaibo se dispuso a enfrentar los señalamientos en su contra

Ante la inminencia de medidas judiciales contra Manuel Rosales, su abogado Jesús Ollarves denunció al Estado venezolano ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos por la violación de los derechos a la vida e integridad física, libertad personal, debido proceso y protección judicial del ex gobernador de Zulia y recién electo alcalde de Maracaibo.

En el documento consignado ayer, en la sede de la CIDH en Washington, se recuerda que el pasado 25 de octubre, durante una reunión con empresarios zulianos que fue transmitida por Venezolana de Televisión, el presidente Hugo Chávez dijo estar decidido a "meter preso" a Rosales.

El Jefe de Estado acusó públicamente a Rosales de poseer fincas, viviendas y cuentas bancarias en el exterior, así como de dirigir mafias vinculadas a la delincuencia internacional. Instó a la fiscal general de la República, Luisa Ortega a investigar y, si fuera el caso, aplicar las sanciones penales correspondientes.

Coincidencia o no, lo cierto es que después de los señalamientos de Chávez se aceleraron las averiguaciones de la Asamblea Nacional y del Ministerio Público, no sólo sobre el patrimonio personal de Rosales, sino por la supuesta evasión de impuestos en la Lotería del Zulia y por la donación presuntamente irregular de vehículos a funcionarios policiales.

Ante la Asamblea y la Fiscalía.

Después de los comicios del pasado 23 de noviembre, el nuevo alcalde de Maracaibo se dispuso a enfrentar los señalamientos en su contra.

Compareció ante la Asamblea Nacional y fue interrogado durante siete horas. Poco después recibió una primera citación de la Fiscalía, en la cual se le advierte que será imputado de delitos que sus asesores jurídicos dicen desconocer, pues nunca han tenido acceso a las investigaciones del Ministerio Público.

Ney Molero, otro de los abogados de Rosales, ha precisado que el ex gobernador sólo posee una finca de 319 hectáreas; que la Lotería del Zulia está exenta de pagar impuestos por disposición legal; y que las donaciones de vehículos a funcionarios policiales correspondían a un plan de estímulo a los empleados de la Gobernación, "como se hace en otras dependencias estatales, como Pava y Enelven".

Además, la defensa ha alegado que las investigaciones fiscales son nulas, pues se iniciaron cuando Rosales estaba en pleno ejercicio del cargo de gobernador y, por lo tanto, le correspondía la prerrogativa de antejuicio de mérito.

Ante el TSJ.

El pasado 11 de noviembre, el abogado Ollarves interpuso una acción de amparo ante la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia con el propósito de impedir actuaciones arbitrarias contra Rosales.

Casi un mes después sólo ha trascendido que el caso quedó en manos de la magistrada Luisa Estella Morales. Pero un mes es demasiado tiempo, pues las solicitudes de amparo deben ser resueltas en tres días.

El infructuoso llamado al TSJ fue incorporado por Ollarves a la denuncia interpuesta ante la CIDH como prueba del agotamiento de los recursos internos que se requieren para que el organismo internacional pueda intervenir en un caso.

Además, se recordaron otros casos de persecución por motivaciones políticas, dos de los cuales también han sido elevados ante el sistema interamericano: el de las empleadas de la Comisión Nacional de Fronteras que fueron despedidas por figurar en la lista Tascón como firmantes a favor de la revocatoria del mandato del presidente Chávez; y el de los tres jueces de la Corte Primera de lo Contencioso Administrativo, destituidos de sus cargos luego de que el Jefe del Estado cuestionara públicamente una serie de sentencias que afectaban los intereses gubernamentales.





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