Ley de Tierras fue el primer impulso del modelo socialista

Por Venezuela Real - 9 de Diciembre, 2008, 8:32, Categoría: Economía

Ernesto J. Tovar
EL UNIVERSAL
09 de diciembre de 2008

Propiedad privada fue sujetada a función social y eventual expropiación

INTI reporta que se han entregado 85.678 cartas agrarias. Éstas aplican para "autorizar a grupos campesinos a ocupar tierras agrícolas" J. Santos/Archivo

Con la decimonónica bandera zamorana de "tierras y hombres libres", el gobierno de Hugo Chávez anunció de 1999 a 2001 varias políticas en materia de tierras que implicaban una reestructuración del sistema agrario para lograr la soberanía alimentaria, haciendo foco en el concepto de la propiedad privada y tenencia de los predios.

El Programa Económico de Transición 1999-2000, que reactivaría la economía sobre bases sólidas y permanentes, enunciaba que debía modificarse la Ley de Reforma Agraria para que el Instituto Agrario Nacional (IAN, ahora INTI) "disponga de las tierras en forma de venta pura y simple, venta condicionada o adjudicación para optimizar su utilización en los planes de desarrollo agrícola, industrial y habitacional".

Asimismo, las líneas generales del Plan de Desarrollo Económico y Social 2001-2007 indican que la autosuficiencia en alimentos se lograría "optimizando el uso de la tierra, con la racionalidad básica del reconocimiento del derecho de la propiedad privada de la misma (...), con la liquidación del latifundio improductivo", que se calculó en 6.000.000 de hectáreas.

Pero la instrumentación de estos postulados, a través de la Ley de Tierras y Desarrollo Agrario (dictada por vía Habilitante y sin debate público), se convirtió en disparador de una crisis sociopolítica que desembocó en la conflictividad vivida en Venezuela desde 2001 hasta 2005.

Con esta Ley, el Gobierno bolivariano sembraba las primeras normas referidas a la prioridad de lo colectivo, en un contexto legal de alta discrecionalidad de las autoridades administrativas como el Instituto Nacional de Tierras (INTI).

La Ley de Tierras -cuestionada y denunciada ante el Tribunal Supremo de Justicia por visos de inconstitucionalidad de algunos artículos- declara de utilidad pública o interés social las tierras con vocación de uso agrario; y además establece en su artículo 3 que "las organizaciones colectivas para la producción agraria tendrán como principios la mutua cooperación y solidaridad, privilegiando el sistema cooperativo, colectivo o comunitario. En tal sentido, se estructurará el fundo colectivo mediante la organización y destinación de bienes productivos, la organización de personas para el trabajo colectivo y el desarrollo del poder autogestionario de los empresarios colectivos". Lo colectivo, social y comunitario recibe prioridad por encima del carácter privado desde 2001.

Y si bien el articulado de la Ley de Tierras señala que las actuaciones del INTI serán acordes a la función social de la tierra y en respeto al carácter privado, la propia ley reza en el artículo 69 que "el INTI procederá a la expropiación de las tierras privadas que fueren necesarias para la ordenación sustentable de las tierras de vocación agrícola, para asegurar su potencial agroalimentario".

Invasiones, rescates y pérdidas

Con la venia del verbo gubernamental que incentivó la "lucha contra el latifundio", la recuperación de tierras se tornó en muchos casos en conflictos por invasiones sin control desde 2003, que afectaron decenas de fundos y fincas productivas.

En enero de 2005, el presidente Chávez decretó la creación de la Comisión Agrícola Nacional, que debía erradicar el latifundio. En aquel momento el mandatario señaló que "esto es el relanzamiento de la misión tierras y hombres libres: tierra para el campesino y justicia para el pueblo venezolano (...) Se hace honor a las luchas campesinas".

La conflictividad desatada se ha reflejado en la producción ganadera. Fedenaga señala que ahora en 2008 la oferta de carne nacional no cubre la demanda del país, que depende en 50% de las importaciones; cuando en 2003 las importaciones de carne sumaban sólo 2% de la oferta.

Muchos de los predios tomados por el Ejecutivo se asignaron mediante títulos de adjudicación o cartas agrarias, figura creada también por decreto presidencial en 2004 (de validez reconocida por el TSJ apenas en noviembre de 2007) que "autoriza la ocupación de grupos campesinos organizados o no, en las tierras públicas con vocación agrícola, mientras se tramitan y resuelven los procedimientos de adjudicación provisional previstos en la Ley de Tierras", según explica el INTI.

Fundos como negocio

Emblemáticos fueron los casos de intervenciones en hatos como de decenas de miles de hectáreas en Barinas, Bolívar, Cojedes o Apure; sobre los cuales el Gobierno actuó alegando que no había una tradición legal sobre los predios, que estaban ociosos o subutilizados.

Algunos fundos fueron negociados y comprados, como El Charcote, o las bienhechurías de La Marqueseña. Y con la venta de El Charcote, el grupo británico Vestey cedió al Estado el fundo San Pablo Paeño. En Santa Rita, Barinas, hay una invasión a pesar de una orden de desalojo emitida por el TSJ.

De la conformación de los fundos zamoranos en los predios "rescatados" hay casos documentados sobre corrupción en la entrega de créditos, predios otrora productivos que ahora soembra sobre 5% de sus tierras con vocación; o casos de parcelamiento y reventa de tierras.

Por su parte, hace un año el Ministerio de Agricultura y Tierras dijo que 90% de las tierras recuperadas (990.000 hectáreas) se encuentran productivas en 85 fundos zamoranos en sitios como el Centro Florentino, La Vergareña o San Pablo Paeño.







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