Venezuela Real: Documentos/Audiovisuales http://venezuelareal.zoomblog.com/ Espacio virtual para la defensa de la libertad y de la democracia en Venezuela es 2008-08-01T15:40:00-04:00 Thu, 07 Aug 2008 18:19:57 GMT hourly 1 2000-01-01T12:00+00:00 ZoomBlog http://www.zoomblog.com/pics/blogs/ZoomBlog_mini.gif http://www.zoomblog.com/ Sentencia sobre la LOFAN 2008 http://venezuelareal.zoomblog.com/archivo/2008/08/01/sentencia-sobre-la-Lofan-2008.html http://venezuelareal.zoomblog.com/archivo/2008/08/01/sentencia-sobre-la-Lofan-2008.html Tribunal Supremo de Justicia
31 de julio de 2008

SALA CONSTITUCIONAL

Magistrada Ponente: LUISA ESTELLA MORALES LAMUÑO
Expediente N° 08-0972

El 28 de julio de 2008, se dio por recibido ante la Secretaría de esta Sala un ejemplar del Decreto N° 6.239, aprobado en Consejo de Ministros, contentivo del DECRETO CON RANGO, VALOR Y FUERZA DE LEY ORGÁNICA DE LA FUERZA ARMADA NACIONAL BOLIVARIANA, dictado con base en el numeral 9 del artículo 1 de la Ley que Autoriza al Presidente de la República para dictar Decretos con Rango, Valor y Fuerza de Ley en las Materias que se Delegan, publicada en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 38.617 del 1 de febrero de 2007, con el propósito de obtener el pronunciamiento de esta Sala Constitucional acerca de la constitucionalidad de su carácter orgánico.

Se dio cuenta en Sala del presente expediente y se designó como ponente a la Magistrada Luisa Estella Morales Lamuño, quien con tal carácter suscribe la presente decisión.

Examinado el contenido del Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, remitido a esta Sala Constitucional, para la emisión del pronunciamiento respecto a la constitucionalidad de su carácter orgánico, se observa:

I

FUNDAMENTOS

En el Oficio de remisión se manifestó que el Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana "(…) tiene por objeto establecer los principios y las disposiciones que rigen la organización, funcionamiento y administració n de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, dentro del marco de la corresponsabilidad entre el Estado y la sociedad, como fundamento de la seguridad de la Nación, consecuente con los fines supremos de preservar la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y la República. La Fuerza Armada Nacional Bolivariana, es la institución que en forma permanente garantiza la defensa militar del Estado".

En tal sentido se expresó: "(…) que el citado Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley encuentra su carácter orgánico al establecer los principios, bases y lineamientos que rigen la organización y el funcionamiento de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana".

Destacó que "(…) el aludido Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica establece la derogatoria de la Ley Orgánica de las Fuerzas Armadas Nacionales, publicada en la Gaceta Oficial de la República de Venezuela N° 4.860 del 22 de febrero de 1995; y la Ley Orgánica de la Fuerza Armada Nacional publicada en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 38.280 del 26 de septiembre de 2005, tratándose pues, de un instrumento normativo marco que sirve de base para otras leyes en la materia que se regula".

II

CONTENIDO DEL DECRETO CON RANGO, VALOR Y FUERZA
DE LEY ORGÁNICA DE LA FUERZA ARMADA NACIONAL BOLIVARIANA

 El Título I del instrumento jurídico remitido a esta Sala, denominado por el legislador delegado "Disposiciones Generales", contiene cinco capítulos dirigidos a establecer algunas disposiciones fundamentales del Decreto Ley tales como objeto, ámbito de aplicación, misión de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana y funciones; disposiciones específicas relativas a la organización y cadena de mando (i.e. Comandante en Jefe, Guardia de Honor Presidencial, Ministerio del Poder Popular para la Defensa, Inspectoría General de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, Contraloría General de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, Comando y Comandante Estratégico Operacional) , lo relativo a las Regiones y Comandos de Defensa Integral, Comando de Región Estratégica de Defensa Integral, Comando de Zona Operativa de Defensa Integral y Comandos de Áreas de Defensa Integral; integración de los componentes militares, disposiciones dirigidas a regular el Ejército Nacional Bolivariano, la Armada Nacional Bolivariana, la Aviación Militar Nacional Bolivariana, la Guardia Nacional Bolivariana, la Milicia Nacional y su Comando General (artículos 1° al 51).

En el Título II, intitulado "De la Carrera Militar", sistematiza en sus cuatro capítulos lo relativo a la Carrera Militar, los Grados, Jerarquías y Reglas de Subordinación, de los Grados de los Oficiales, la Jerarquía de la Tropa Profesional, la Jerarquía de los Cadetes y Alumnos de Institutos de Formación Militar y de la Tropa Alistada y la Jerarquía en los Institutos de Formación de Tropa Profesional (artículos 52 al 114).

Bajo la denominación "De la Educación Militar", el Título III en su único capítulo recoge aquellas disposiciones dirigidas a regular la modalidad de educación militar en el sistema educativo nacional; su fundamento; principios; promoción y difusión; dimensiones; principio de coordinación en las actividades de planificación, organización dirección, control, evaluación y formulación de las políticas educativas de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, así como el perfil académico de los egresados (artículos 115 al 121).

Seguidamente, el Título IV denominado legislativamente "Del Régimen Administrativo" regula en sus cinco capítulos lo relativo a la Disciplina Militar y el Sistema de Justicia Militar. De igual forma, se establece la adecuación de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana a los Derechos Humanos y al Derecho Internacional de los Conflictos Armados y, por último, se incorporan algunas normas relativas al régimen de seguridad social del personal militar en situación de de actividad o de retiro, así como de sus familiares.

Finalmente, el Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana contiene doce "Disposiciones Transitorias" dirigidas a tornar operativas las normas contenidas en dicho instrumento jurídico; una "Disposición Derogatoria Única" que establece los efectos derogatorios del citado Decreto Ley y una "Disposición Final", que fija su entrada en vigencia.

III

DE LA COMPETENCIA

Como premisa procesal, esta Sala debe fijar su competencia para efectuar el pronunciamiento a que se refiere el segundo aparte del artículo 203 constitucional, para examinar la constitucionalidad del carácter orgánico conferido al Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, con tal propósito observa:

El Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana fue dictado por el ciudadano Presidente de la República Bolivariana de Venezuela, en Consejo de Ministros, en ejercicio de la facultad legislativa conferida en el numeral 8 del artículo 236 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y en el numeral 9 del artículo 1 de la Ley que Autoriza al Presidente de la República para dictar Decretos con Rango, Valor y Fuerza de Ley en las Materias que se Delegan, publicada en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 38.617 del 1 de febrero de 2007

Esta Sala, en supuestos análogos al planteado, ha afirmado su competencia jurisdiccional para efectuar el control previo de constitucionalidad del carácter orgánico de un Decreto Ley, cuando el mismo ha sido dictado por el Presidente de la República, en ejercicio de la facultad normativa que le reconoce el numeral 8 del artículo 236 del mismo Texto Fundamental, previa habilitación del Órgano Legislativo Nacional (Vid. Sentencias de esta Sala Constitucional Nros.1.716 del 19 de septiembre de 2001, caso: "Decreto con Fuerza de Ley Orgánica de los Espacios Acuáticos e Insulares"; 1.719 del 19 de septiembre de 2001, caso: "Decreto con Fuerza de Ley Orgánica de Ciencia, Tecnología e Innovación"; 2.177 del 6 de noviembre de 2001, caso: "Decreto con Fuerza de Ley Orgánica de Identificació n"; 2.264 del 13 de noviembre de 2001, caso: "Decreto con Fuerza de Ley Orgánica de Hidrocarburos"; 2.265 del 13 de noviembre de 2001, caso: "Decreto con Rango de Ley Orgánica de Turismo" y 2.266 del 13 de noviembre de 2001, caso: "Decreto con Fuerza de Ley Orgánica de Planificación").

Además de la remisión impuesta por la norma primaria (artículo 203 constitucional) , dirigida concretamente al Órgano Legislativo Nacional, debe destacarse el contenido del artículo 2 de la Ley que Autoriza al Presidente de la República para dictar Decretos con Rango, Valor y Fuerza de Ley en las materias que se delegan que, a texto expreso, dispone:

"Artículo 2. Cuando se trate de un Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley, al cual el Presidente de la República le confiera carácter Orgánico, deberá remitirse, antes de su publicación en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela, a la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, a los fines que ésta se pronuncie sobre la constitucionalidad de tal carácter, de conformidad con el artículo 203 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela".

Como se observa, la norma contenida en la ley autorizatoria extiende el deber que le impone el Constituyente a la Asamblea Nacional de remitir las leyes que haya calificado de orgánicas a esta Sala Constitucional para revisar la constitucionalidad de tal denominación, al Presidente de la República cuando, actuando como legislador delegado, califique como orgánicos los actos normativos (Decretos Leyes) dictados en ejecución de dicha facultad. En tal sentido, la Sala deberá examinar si tales instrumentos jurídicos se insertan en alguna de las categorías de leyes orgánicas que el propio Texto Constitucional así define.

En efecto, las normas con fuerza, valor y rango de ley, según sea el caso, dictadas por el Poder Ejecutivo en ejercicio de la facultad legislativa delegada constituyen, al igual que las normas dictadas por el órgano del Poder Público Nacional titular de la potestad legislativa (Asamblea Nacional), mandatos jurídicos subordinados a las normas y principios constitucionales y, por tanto, tienen igual valor normativo que la ley en el sistema de fuentes del ordenamiento jurídico, razón por la cual, puede la Sala analizar si la calificación orgánica que se les asigna se ajusta a las categorías o subtipos normativos que define el Constituyente en el primer párrafo del artículo 203 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela.

Ello así, el control jurisdiccional asignado a esta Sala Constitucional está circunscrito a la verificación previa de la constitucionalidad del carácter orgánico de la ley (control objetivo del acto estatal), independientemente del órgano (sujeto) que emite el acto estatal, siempre que esté constitucionalmente habilitado para ello (Asamblea Nacional o Presidente de la República, en virtud de la habilitación legislativa) .

Correlativamente, el artículo 5.17 de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia atribuye expresamente a esta Sala Constitucional "(…) Conocer, antes de su promulgación, la constitucionalidad del carácter orgánico de la leyes dictadas por la Asamblea Nacional, y de los Decretos con Fuerza de Ley que dicte el Presidente de la república en Consejo de Ministros mediante Ley Habilitante".

Así, si bien el Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana no fue dictado por el titular de la potestad legislativa, esto es, la Asamblea Nacional, lo fue por delegación de ésta -mediante la Ley que Autoriza al Presidente de la República para dictar Decretos con Rango, Valor y Fuerza de Ley en las Materias que se Delegan, en Consejo de Ministros-, razón por la cual esta Sala resulta competente para pronunciarse acerca de la constitucionalidad del carácter orgánico del mismo, conforme a las normas supra indicadas, y así se declara.

IV

ANÁLISIS DEL CARÁCTER ORGÁNICO DEL DECRETO LEY SOMETIDO A CONSIDERACIÓN

Como premisa conceptual del análisis subsiguiente, esta Sala en sentencia Nº 537 del 12 de junio de 2000, caso: "Ley Orgánica de Telecomunicaciones" fijó el alcance de aquellas nociones que sirven para calificar las leyes -u otro acto que detente el mismo rango emanado por una autoridad constitucionalmente habilitada para ello- como orgánicas, prevista en el artículo 203 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, utilizando dos criterios de división lógica distintos, a saber: uno, obedece a un criterio técnico-formal, es decir, a la prescripción de su denominación constitucional o la calificación por la Asamblea Nacional de su carácter de ley marco o cuadro; el otro, obedece a un principio material relativo a la organización del Poder Público y al desarrollo de los derechos constitucionales. En tal sentido, se estableció que el pronunciamiento de la Sala Constitucional era necesario para cualquiera de las categorías señaladas, excepto para las leyes orgánicas por denominación constitucional, pues el artículo 203 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela se refiere a "(...) las leyes que la Asamblea Nacional haya calificado de orgánicas".

En esa línea argumental, a la luz del artículo 203 de la Constitución de 1999 son materias reservadas a la ley orgánica: (i) las que en casos concretos así haya considerado el propio Texto Constitucional (vale decir, las leyes orgánicas por denominación constitucional) , y aquellas relativas (ii) a la organización de los Poderes Públicos, (iii) al desarrollo de derechos constitucionales, y (iv) las que constituyan un marco normativo para otras leyes.
        
Precisa la Sala que los mencionados supuestos a que se refiere el artículo 203 de la Constitución poseen carácter normativo, lo que implica que cualquier ley a la cual se pretenda considerar como orgánica debe estar incluida en cualquiera de ellos para que se le estime y se le denomine como tal.

En torno a la delimitación constitucional de las materias propias de la ley orgánica, la Sala ha subrayado, en general, que "(…) con las leyes orgánicas se pretende fundamentalmente que las materias reguladas por éstas tengan mayor estabilidad que aquellas materias que son propias de las leyes ordinarias, dada la especial rigidez de aquellas normas respecto de éstas, cuya aprobación y ulterior modificación o derogación se somete a requisitos especiales -como el concurso más amplio de voluntades en la Asamblea Nacional- en cuanto regulan la materia de que se trate, aunque la ratio del número de leyes orgánicas -tanto por determinación constitucional como las que derivan de un criterio material- incluidas en el texto constitucional, encierran diversas motivaciones (p. ej. prolongar el espíritu de consenso en materias trascendentales o poner a cubierto el desarrollo de los derechos fundamentales)" (Vid. Sentencia de esta Sala Nº 34 del 26 de enero de 2004, caso: "Vestalia Sampedro de Araujo").

En esa línea argumental, la jurisprudencia de esta Sala Constitucional en el asunto, ha fijado que el rasgo predominante "(…) es sin duda la del aspecto material que en la definición de ley orgánica impera en la actualidad, teniendo en cuenta que -a la luz del artículo 203 de la Constitución de 1999- son materias exclusivas de esta categoría de ley, además (i) de las que en casos concretos así haya considerado el propio texto constitucional (vale decir, las leyes orgánicas por denominación constitucional) , las leyes orgánicas relativas (ii) a la organización de los poderes públicos, (iii) al desarrollo de derechos constitucionales, y (iv) las que constituyan un marco normativo para otras leyes" (Vid. Sentencia de esta Sala Nº 229 del 14 de febrero de 2007, caso: "Ley Orgánica sobre el Derecho de la Mujer a una Vida Libre de Violencia").

En el instrumento jurídico bajo examen, se desprende de su artículo 1° que su objeto es el de establecer los principios y las disposiciones que rigen la organización, funcionamiento y administració n de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, dentro del marco de la corresponsabilidad entre el Estado y la sociedad, como fundamento de la seguridad de la Nación, consecuente con los fines supremos de preservar la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y la República. En tal sentido, el legislador delegado hizo énfasis en establecer que la Fuerza Armada Nacional es la institución llamada de forma permanente a garantizar la defensa militar del Estado.

Conforme a lo plasmado por el constituyente de 1999, el componente castrense forma parte del sustrato orgánico dirigido a preservar la seguridad de la Nación, sus principios de organización y actuación se insertan en el Capítulo III, "De la Fuerza Armada Nacional", del Título VII del Texto Constitucional vigente, denominado "De la Seguridad de la Nación", cuyos preceptos, que abarcan los artículos 328 al 331, constituyen directrices que deberá desarrollar el legislador con el propósito de integrar las actividades de vigilancia y defensa constitucionalmente asignadas a este cuerpo armado.

En ese sentido, el Decreto Ley bajo estudio, sistematiza las normas dirigidas a fijar su organización, los órganos y entes que integran el sistema de defensa militar de la Nación, los principios que rigen el desarrollo de la carrera militar, la clasificación del personal militar y sus categorías, las disposiciones que rigen la modalidad de educación militar, el régimen administrativo que sirve de basamento a la conducta de los integrantes de la Fuerza Armada Nacional, organización y competencias del sistema de justicia militar y régimen de seguridad social.

Para afirmar la constitucionalidad de su carácter orgánico, deben destacarse los siguientes aspectos de regulación: en primer lugar, se trata de una ley que se erige en la base legislativa para el desarrollo de una legislación específica posterior, como ley marco, dirigida a regular cada uno de los aspectos jurídicos en materia militar, como tema de especial trascendencia vinculada a la seguridad y defensa de la Nación, lo que la inscribe en esta categoría normativa inserta en el artículo 203 del Texto Fundamental.

 En segundo lugar, establece disposiciones que organizan y fijan el régimen competencial del orden jurisdiccional militar, lo cual incide en la estructura orgánica de un Poder Público, cual es el Poder Judicial, lo cual también la hace subsumible en esta categoría normativa.

Por último, al incorporar preceptos concretos sobre el régimen de seguridad social aplicables a los miembros activos o retirados de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, considera la Sala que tal regulación sólo es posible en el marco de una ley de carácter orgánica, conforme lo establece la parte in fine del artículo 328 constitucional que le sirve de basamento.

Con base en las anteriores consideraciones, este Máximo Tribunal se pronuncia, conforme a lo previsto en el artículo 203 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, en el artículo 2 de la Ley que Autoriza al Presidente de la República para dictar Decretos con Rango, Valor y Fuerza de Ley en las Materias que se Delegan y en el artículo 5.17 de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia, en el sentido de declarar la constitucionalidad del carácter orgánico del Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, y así se declara.

V

DECISIÓN

Por las razones expuestas, esta Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, administrando justicia, en nombre de la República por autoridad de la ley, conforme a lo previsto en el artículo 203 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, el artículo 2 de la Ley que Autoriza al Presidente de la República para dictar Decretos con Rango, Valor y Fuerza de Ley en las Materias que se Delegan y en el artículo 5.17 de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia, declara LA CONSTITUCIONALIDAD DEL CARÁCTER ORGÁNICO DEL DECRETO CON RANGO, VALOR Y FUERZA DE LEY ORGÁNICA DE LA FUERZA ARMADA NACIONAL BOLIVARIANA.

Publíquese, regístrese y comuníquese. Remítase a la Presidencia de la República Bolivariana de Venezuela copia certificada de la presente decisión.

Dada, firmada y sellada en el Salón de Despacho de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, en Caracas, a los 31 días del mes de julio de dos mil ocho (2008). Años: 198º de la Independencia y 149º de la Federación.

La Presidenta de la Sala,

LUISA ESTELLA MORALES LAMUÑO
                           Ponente

                                                                                 
El Vicepresidente,
FRANCISCO ANTONIO CARRASQUERO LÓPEZ

Los Magistrados,
JESÚS EDUARDO CABRERA ROMERO
PEDRO RAFAEL RONDÓN HAAZ
MARCOS TULIO DUGARTE PADRÓN
CARMEN ZULETA DE MERCHÁN
ARCADIO DE JESÚS DELGADO ROSALES

El Secretario,
JOSÉ LEONARDO REQUENA CABELLO

Exp. Nº 08-0972                  

LEML/i.-




]]> 2008-08-01T15:40:00-04:00 Venezuela Real Gaceta Número 38.983. Caracas, jueves 31 de julio de 2008. AÑO CXXXV - MES X http://venezuelareal.zoomblog.com/archivo/2008/07/31/gaceta-Numero-38983-Caracas-jueves-31-.html http://venezuelareal.zoomblog.com/archivo/2008/07/31/gaceta-Numero-38983-Caracas-jueves-31-.html  VR: Publicación en Gaceta que representa un nuevo exabrupto legal del gobierno revolucionario,  pues el contenido de los decretos no están disponibles ni en la página web ni en la Imprenta Nacional.

Gaceta Oficial
31 de julio de 2008

Presidencia de la República

Decreto N° 5.999, con Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica de Turismo.- Véase N° 5.889 Extraordinario de la GACETA OFICIAL DE LA REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA, de esta misma fecha.

Decreto N° 6.069, con Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica del Transporte Ferroviario Nacional.- Véase N° 5.889 Extraordinario de la GACETA OFICIAL DE LA REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA, de esta misma fecha.

Decreto N° 6.071, con Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica de Seguridad y Soberanía Agroalimentaria.- Véase N° 5.889 Extraordinario de la GACETA OFICIAL DE LA REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA, de esta misma fecha.

Decreto N° 6.072, con Rango, Valor y Fuerza de Ley del Régimen Prestacional de Vivienda y Hábitat.- Véase N° 5.889 Extraordinario de la GACETA OFICIAL DE LA REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA, de esta misma fecha.

Decreto N° 6.092, con Rango, Valor y Fuerza de Ley para la Defensa de las Personas en el Acceso a los Bienes y Servicios.- Véase N° 5.889 Extraordinario de la GACETA OFICIAL DE LA REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA, de esta misma fecha.

Decreto N° 6.126, con Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica que los Espacios Acuáticos.- Véase N° 5.890 Extraordinario de la GACETA OFICIAL DE LA REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA, de esta misma fecha.

Decreto N° 6.128, con Rango, Valor y Fuerza de Ley de Creación del Fondo Social, para la Captación y Disposición de los Recursos Excedentarios de los Entes de la Administración Pública Nacional.- Véase N° 5.890 Extraordinario de la GACETA OFICIAL DE LA REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA, de esta misma fecha.

Decreto N° 6.129, con Rango, Valor y Fuerza de Ley de Salud Agrícola Integral.- Véase N° 5.890 Extraordinario de la GACETA OFICIAL DE LA REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA, de esta misma fecha.

Decreto N° 6.130, con Rango, Valor y Fuerza de Ley para el Fomento y Desarrollo de la Economía Popular.- Véase N° 5.890 Extraordinario de la GACETA OFICIAL DE LA REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA, de esta misma fecha.

Decreto N° 6.214, con Rango, Valor y Fuerza de Ley del Banco de Desarrollo Económico y Social de Venezuela Bandes.- Véase N° 5.890 Extraordinario de la GACETA OFICIAL DE LA REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA, de esta misma fecha.

Decreto N° 6.215, con Rango, Valor y Fuerza de Ley para la Promoción y Desarrollo de la Pequeña y Mediana Industria y Demás Unidades de Producción Social.- Véase N° 5.890 Extraordinario de la GACETA OFICIAL DE LA REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA, de esta misma fecha.

Decreto N° 6.216, con Rango, Valor y Fuerza de Ley de Supresión y Liquidación del Fondo de Crédito Industrial FONCREI.- Véase N° 5.890 Extraordinario de la GACETA OFICIAL DE LA REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA, de esta misma fecha.

Decreto N° 6.217, con Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica de la Administración Pública.- Véase N° 5.890 Extraordinario de la GACETA OFICIAL DE LA REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA, de esta misma fecha.

Decreto Nº 6.218, con Rango, Valor y Fuerza de Ley de Reestructuración del Instituto Nacional de la Vivienda.- Véase N° 5.890 Extraordinario de la GACETA OFICIAL DE LA REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA, de esta misma fecha.

Decreto N° 6.219, con Rango, Valor y Fuerza de Ley de Crédito para el Sector Agrario.- Véase N° 5.890 Extraordinario de la GACETA OFICIAL DE LA REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA, de esta misma fecha.

Decreto N° 6.220, con Rango, Valor y Fuerza de Ley de Canalización y Mantenimiento de las Vías de Navegación.- Véase N° 5.891 Extraordinario de la GACETA OFICIAL DE LA REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA, de esta misma fecha.

Decreto N° 6.233, con Rango, Valor y Fuerza de Ley de Reforma de la Ley Orgánica de la Administración Financiera del Sector Público.- Véase N° 5.891 Extraordinario de la GACETA OFICIAL DE LA REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA, de esta misma fecha.

Decreto N° 6.239, con Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana.- Véase N° 5.891 Extraordinario de la GACETA OFICIAL DE LA REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA, de esta misma fecha.

Decreto N° 6.240, con Rango, Valor y Fuerza de Ley de Beneficios y Facilidades de Pago para las Deudas Agrícolas y Rubros Estratégicos para la Seguridad y Soberanía Alimentaria.- Véase N° 5.891 Extraordinario de la GACETA OFICIAL DE LA REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA, de esta misma fecha.

Decreto N° 6.241, con Rango, Valor y Fuerza de Ley del Banco Agrícola de Venezuela.- Véase N° 5.891 Extraordinario de la GACETA OFICIAL DE LA REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA, de esta misma fecha.

Decreto N° 6.243, con Rango, Valor y Fuerza de Ley de Reforma Parcial de la Ley Orgánica del Sistema de Seguridad Social.- Véase N° 5.891 Extraordinario de la GACETA OFICIAL DE LA REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA, de esta misma fecha.

Decreto N° 6.265, con Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica de Simplificación de Trámites Administrativos.- Véase N° 5.891 Extraordinario de la GACETA OFICIAL DE LA REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA, de esta misma fecha.

Decreto N° 6.266, con Rango, Valor y Fuerza de Ley de Reforma Parcial de la Ley del Seguro Social.- Véase N° 5.891 Extraordinario de la GACETA OFICIAL DE LA REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA, de esta misma fecha.

Decreto N° 6.267, con Rango, Valor y Fuerza de Ley de Reforma de la Ley del Instituto Nacional de la Vivienda INAVI.- Véase N° 5.892 Extraordinario de la GACETA OFICIAL DE LA REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA, de esta misma fecha.

Decreto N° 6.286, con Rango, Valor y Fuerza de Ley de Reforma Parcial del Decreto con Fuerza de Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República.- Véase N° 5.892 Extraordinario de la GACETA OFICIAL DE LA REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA, de esta misma fecha.

Decreto N° 6.287, con Rango, Valor y Fuerza de Ley de Reforma Parcial de la Ley General de Bancos y Otras Instituciones Financieras.- Véase N° 5.892 Extraordinario de la GACETA OFICIAL DE LA REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA, de esta misma fecha.

Ministerio del Poder Popular para Economía y Finanzas

Seniat

Providencia mediante la cual se establece un Régimen sobre el Cumplimiento Voluntario para el Pago de Impuesto Sobre la Renta de Personas Naturales que Trabajan bajo relación de Dependencia, para el Ejercicio Fiscal 2007.

Providencia mediante la cual se corrige por error material la Resolución N° SNAT-2008-0136 de fecha 07 de febrero de 2008, en los términos que en ella se indica.- Se reimprime por error material del ente emisor.

Providencia Administrativa sobre la Modificación del Calendario de Sujetos Pasivos Especiales y Agentes de Retención para aquellas obligaciones que deben cumplirse a partir del mes de agosto del año 2008.

Ministerio del Poder Popular para la Defensa

Resoluciones mediante las cuales se nombran a los ciudadanos que en ellas se señalan, en los cargos que en ellas se indican.

Resolución por la cual se declara en comisión a orden del Ministerio del Poder Popular para la Energía y Petróleo, al ciudadano Coronel Guardia Nacional Paúl Alvarado Bethencourt, para cumplir funciones como Oficial de enlace, entre la Fuerza Armada Nacional y Petróleos de Venezuela, Sociedad Anónima PDVSA.

Resolución mediante la cual se modifica la Resolución N° DG-006868 de fecha 23 de junio de 2008, en los términos que en ella se indica.- Se reimprime por error material del ente emisor.

Resolución mediante la cual se modifica la Resolución N° DG-006862 de fecha 23 de junio de 2008, en los términos que en ella se indica.- Se reimprime por error material del ente emisor.

Resolución por la cual se cambia de categoría al ciudadano Sargento Primero Armada Jimi Alí Zerpa Araque, a Sub Oficial Profesional de Carrera en el Grado de Maestre de Segunda, bajo la clasificación A Dedicación Exclusiva.

Resolución por la cual se asimila al Grado de Maestre de Segunda, bajo la clasificación de A Dedicación Exclusiva, con antigüedad del 05 de julio de 2007, al Sargento Primero Armada Franco Antonio Rodríguez González.

Resolución por la cual se Crean y activan nueve 09 Agrupamientos de Reserva, en las jurisdicciones que en ella se mencionan.

Resolución mediante la cual se corrige por error material, la Resolución N° DG-006171 de fecha 11 de abril de 2008, en les términos que en ella se indica.- Se reimprime por error material del ente emisor.

Resolución mediante la cual se designan a los Oficiales de los Componentes que en ella se mencionan, para integrar la Junta Técnica para el Estudio, Evaluación y Recomendación de los Reglamentos Orgánicos que establezcan la Organización y Funcionamiento del Subsistema Operativo de Inteligencia y Contrainteligencia de la Fuerza Armada Nacional, en los términos que en ella se indica.

Resoluciones por las cuales se someten a Consejo de Investigación, a los ciudadanos que en ella se mencionan.

Resolución por la cual se declara en Comisión de Servicio a orden del Ministerio del Peder Popular para las Telecomunicaciones y la Informática a los ciudadanos que en ella se indican.

Resoluciones por las cuales se pasa a la Situación de Retiro, a los ciudadanos que en ellas se especifican.

Resolución por la cual se delega en el ciudadano Coronel Ejército Evelio Ramón Vásquez Sánchez, la facultad para firmar los actos y documentos que en ella se especifican.

Resolución por la cual se le asigna el nombre de III Promoción Capitán de Navío Nicolás Jolly, a la promoción de Guardiamarina que egresarán de la Escuela Naval de Venezuela Almirante Sebastián Fancisco de Miranda Rodríguez.

Resolución por la cual se autoriza al Maestro Técnico de Tercera Guardia Nacional Ricardo Alberto González Arias, para manejar administrativamente los fondos Gastos Técnicos de la Agregaduría que en ella se menciona.

Ministerios del Poder Popular para la Educación Superior, para la Educación y para las Telecomunicaciones e Informática y Servicios Postales

Resolución Conjunta por la cual se constituye un Comité Interministerial, presidido por los ciudadanos que en ella se indican.

Ministerio del Poder Popular para la Participación y Protección Social

Resoluciones por las cuales se otorga la Jubilación Especial, a los ciudadanos que en ellas se señalan.

Resolución por la cual se designa como Director General de Garantía y Protección Social, al ciudadano Ernesto Javier Luna González.

Resolución por la cual se designa como Directora General de Planes Sociales Estratégicos, a la ciudadana Luisa Iramar Rodríguez Rivas.

Tribunal Supremo de Justicia

Decisión por la cual se declara la Constitucionalidad del Carácter Orgánico del Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica de Seguridad y Soberanía Agroalimentaria, en los términos que en ella se indica.

Decisión por la cual se declara la Constitucionalidad del Carácter Orgánico del Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica de los Espacios Acuáticos, en los términos que en ella se indica.

Decisión por la cual se declara la Constitucionalidad del Carácter Orgánico del Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, en los términos que en ella se indica.

Decisión por la cual se declara la Constitucionalidad del Carácter Orgánico del Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica de la Administración Pública, en los términos que en ella se indica.

Comisión de Funcionamiento y Reestructuración del Sistema Judicial

Sentencia dictada por esta Comisión.- Dr. Jesús Ramón Villafañe Hernández.

 




]]> 2008-07-31T23:37:00-04:00 Venezuela Real BARRILES DE PAPEL No 29: Análisis Resultados PDVSA 2007 y 2008 http://venezuelareal.zoomblog.com/archivo/2008/07/17/barriles-De-Papel-No-29-Analisis-Resul.html http://venezuelareal.zoomblog.com/archivo/2008/07/17/barriles-De-Papel-No-29-Analisis-Resul.html Barriles de Papel # 29
12 de julio de 2008

Análisis de los resultados financieros  y operacionales
Primer Trimestre de 2008 y todo 2007 de PDVSA
“Cuando el futuro nos alcance”

El 1ro. de julio 2008 Petróleos de Venezuela, S.A. presentó su Informe Operacional Financiero al 31 de marzo de 2008  (EN PDF) de solo 24 páginas. Para analizar este Informe es imprescindible referirse a la información que presentó la estatal en su Información financiera y operacional al 31 de diciembre de 2007  de 284 páginas, así que nos referiremos principalmente al Informe de 2007, y cuando el de 2008 presente algo resaltante con respecto al anterior haremos la referencia correspondiente.  

Toda la información que se presenta aparece textualmente en los Informes en cuestión, y cada vez que podamos, para fines de archivo en el caso de los Resultados 2007 se mencionará la pagina donde aparece la información. También deseamos aclarar que el análisis estará centrado más en los aspectos operacionales que en los financieros, esto último ha sido muy bien tratado por Oliver Campbell en sus trabajos que reproduce http://www.petroleumworldve.com/ .

En líneas generales el contenido del Informe de 2007 se puede resumir en los siguientes puntos:

1.    Se insiste en hablar de las metas del Plan del año 2006-2012, sin aceptar que ya se han perdido 3 años de ejecución, en los cuales no se ha incrementado la producción de petróleo o gas y no se ha avanzado en la construcción de infraestructura de operaciones, refinación, gas o petroquímica. 
...
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]]> 2008-07-17T20:08:00-04:00 Venezuela Real Ley del Sistema Nacional de Inteligencia y Contrainteligencia http://venezuelareal.zoomblog.com/archivo/2008/06/05/ley-del-Sistema-Nacional-de-Inteligenc.html http://venezuelareal.zoomblog.com/archivo/2008/06/05/ley-del-Sistema-Nacional-de-Inteligenc.html Gaceta Oficial
28 de mayo de 2008
Ley del Sistema Nacional de Inteligencia y Contrainteligencia
(Gaceta Oficial Nº 38.940 del 28 de mayo de 2008)
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
Decreto Nº 6.067                               14 de mayo de 2008

HUGO CHÁVEZ FRÍAS
Presidente de la República
 
En ejercicio de las atribuciones que le confiere el numeral 8 del artículo 236 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y de conformidad con lo dispuesto en el numeral 9 del artículo 1º de la Ley que Autoriza al Presidente de la República para dictar Decretos con Rango, Valor y Fuerza de Ley en las materias que se delegan, en concordancia con lo establecido en el artículo 26 de la Ley Orgánica de Seguridad de la Nación, y el artículo 3º numeral 8 de la Ley Orgánica de la Fuerza Armada Nacional, en Consejos de Ministros.
DICTA
 
El siguiente,
DECRETO CON RANGO, VALOR Y FUERZA DE LEY DEL SISTEMA NACIONAL DE INTELIGENCIA Y CONTRAINTELIGENCIA


...

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 ]]> 2008-06-05T13:37:00-04:00 Venezuela Real Friedman Prize Winner - 2008 Award Ceremony http://venezuelareal.zoomblog.com/archivo/2008/05/23/friedman-Prize-Winner--2008-Award-Cere.html http://venezuelareal.zoomblog.com/archivo/2008/05/23/friedman-Prize-Winner--2008-Award-Cere.html Cato Institute
May 15, 2008








Le invitamos a ver el discurso de Yon Goicoechea al aceptar el premio Milton Friedman en Nueva York.

Ver video
]]> 2008-05-23T13:00:00-04:00 Venezuela Real INFORME FORENSE DE INTERPOL SOBRE LOS ORDENADORES Y EQUIPOS... http://venezuelareal.zoomblog.com/archivo/2008/05/16/informe-Forense-De-Interpol-Sobre-Los-.html http://venezuelareal.zoomblog.com/archivo/2008/05/16/informe-Forense-De-Interpol-Sobre-Los-.html Interpol
15 de mayo de 2008

... INFORMATICOS DE LAS FARC DECOMISADOS POR COLOMBIA

Le invitamos a descargar el informe completo (pdf - 1.5 mb)
]]> 2008-05-16T10:32:00-04:00 Venezuela Real Marcha 1° de mayo: Documento entregado por la Oposición ante la Asamblea Nacional http://venezuelareal.zoomblog.com/archivo/2008/05/01/marcha-1-de-mayo-Documento-entregado-p.html http://venezuelareal.zoomblog.com/archivo/2008/05/01/marcha-1-de-mayo-Documento-entregado-p.html Marchistas Opositores
01 de mayo de 2008

Ciudadana:
Cilia Flores
Presidenta de la Asamblea Nacional
República Bolivariana de Venezuela

Su Despacho.-

En nombre y representación de la Confederación de Trabajadores de Venezuela (CTV), la Central General de Trabajadores (CGT), la Confederación de Sindicatos Autónomos (CODESA), la Alianza Sindical Independiente (ASI), el Bloque Gremial Profesional y Sindical y el Frente para la Defensa de una Educación Democrática, todos integrantes de un colectivo sindical, gremial y social representativo de hombres y mujeres de la clase trabajadora venezolana y de la sociedad civil, con trayectoria de luchas sindicales y sociales por la vigencia de la democracia en Venezuela, presencia en sectores claves de la economía nacional y en diversos rincones de la geografía patria; hemos resuelto dirigimos a Usted con motivo de la conmemoración del Día Internacional de los Trabajadores y Trabajadoras, para reivindicar respetuosa pero firmemente el derecho que nos asiste a formular peticiones ante los órganos del Poder Público Nacional y someter a su consideración las solicitudes siguientes, quedando a la espera de su respuesta:

1.- En materia legislativa:

Desde que entró en vigencia la Constitución Nacional de 1999, el Gobierno inició un proceso de reforma del sistema jurídico laboral, sin la participación de todos los sectores sindicales y gremiales involucrados. Una de las principales explicaciones de este contradictorio fenómeno es la exclusión de las organizaciones sindicales y gremiales con ópticas diferentes al Gobierno. Pero es una realidad histórica que todo proceso que implique modificaciones laborales, debe contar con la opinión, a través de los mecanismos democráticos establecidos, del actor fundamental del trabajo como hecho social, que es la clase trabajadora, respetando su pluralidad y heterogeneidad. Es sobre nuestras espaldas que recae el peso de la producción, son nuestras manos e ideas, nuestro sudor y creatividad, las que mueven los motores de las máquinas y es el trabajo el valor que en definitiva hace posible la realización de la producción en el mercado, a través del salario y del sueldo. Sin nuestro esfuerzo diario la sociedad del mundo actual sería imposible. Mal puede entonces pretenderse que el cambio de las reglas laborales, se haga sin nuestra participación. Por ello demandamos la convocatoria de una mesa parlamentaria de diálogo laboral.

• En el caso del ingreso de la clase trabajadora, es imperativo una Política Salarial integral y concertada, que no se refiera solo al aumento del salario mínimo por decreto. Esta vía termina siendo microscópica, excluyente y regresiva, convirtiéndonos en un país de salarios mínimos. El camino legislativo que permita establecer una normativa de aumento general de sueldos y salarios para los trabajadores y trabajadoras, tiene la virtud de ser de aplicación universal, progresiva y equitativa. No solo puede verse el aumento nominal de los salarios, porque lo real es el incremento de la capacidad adquisitiva del ingreso. Puede suceder que ganemos más pero compremos menos. La nación sabe que la inflación en el 2007 alcanzó un 22.5% de manera abierta y en el sector alimentos llego a un 33% y, todo indica que en el año 2008 estas cifras serán superadas. De allí que, además de una política salarial concertada, expresada en una ley general de sueldos y salarios, son necesarias políticas conjuntas de promoción y desarrollo de la Contratación Colectiva. Este es el instrumento que no solo va mas allá del salario al incorporar condiciones de vida y de trabajo, sino que también encuentra a las fuerzas productivas en procesos de dialogo social y acuerdos constructivos.

• Está planteada la reforma de la Ley Orgánica del Trabajo, eje de las relaciones laborales que requiere consenso para su instrumentación. Urge instalar un escenario donde el movimiento sindical y gremial, con su diversidad y pluralidad, exprese democráticamente sus opiniones y propuestas fundamentalmente en el marco de las directrices emanadas de los objetivos del milenio: Trabajo digno y decente, la obligación ética de las empresas y del Estado respecto al medio ambiente, las medidas para erradicar las peores formas del trabajo infantil y la discriminación de género, las garantías para la protección a la juventud trabajadora y el reestablecimiento de la libertad sindical y el derecho a la negociación colectiva.

• Está pendiente la definición normativa de varios subsistemas de seguridad social, como el régimen de salud y de pensiones, que son áreas críticas del índice de desarrollo humano en el país. Las estadísticas nacionales evidencian el deterioro de los derechos constitucionales en esta materia y hay una deuda legislativa en este sentido.

• Es urgente revisar la ley de alimentación para los trabajadores, para viabilizar su extensión a los pensionados y jubilados, en el sector público y en el sector privado.

• La puesta en vigencia de la ley orgánica de prevención, condiciones y medio ambiente del trabajo y su reglamento, ha evidenciado importantes carencias que afectan a un grueso número de trabajadoras y trabajadores del sector público, pues las medidas establecidas en los instrumentos legales existentes, no establecen obligaciones de efectivo cumplimiento para el Estado, como principal empleador en nuestro país.

• Venezuela requiere políticas de Empleo Decente y de Trabajo Digno. Los trabajadores y trabajadoras rechazamos y condenamos la Subcontratación y tercerización de las relaciones de trabajo, no solo en el sector privado sino también en la administración pública. El Empleo Decente y el Trabajo Digno sólo son posibles mediante una legislación laboral concertada, aplicación eficiente de la norma, seguimiento a la ejecución de los compromisos y consolidadas fuentes de financiamiento de la seguridad social. Nuestro país posee inmensos recursos provenientes de la industria petrolera que deben orientarse a la reivindicación del trabajo humano. Sin empleos de calidad, es insostenible un sistema de seguridad social solidario y permanente.

2.- En materia educativa:

El nuevo Diseño Curricular, impone una sola y excluyente visión y viola el derecho a una educación de calidad, libre y abierta a todas las ideas, tal como lo consagran expresamente la Constitución y las leyes de la República Bolivariana de Venezuela. Discrimina a quienes no comparten el pensamiento ideológico del movimiento gobernante, al fundamentarse en una única corriente de pensamiento, a tal punto que reduce, al extremo de la segregación, a todos los que creen en un proceso enseñanza-aprendizaje, basado en el pluralismo, libertad de conciencia y de cátedra.

La inconstitucionalidad e ilegalidad se extienden al Reglamento Orgánico de funcionamiento dictado mediante Decreto No. 5907 por el MPP y publicado en Gaceta Oficial No. 38884, de fecha 5 de marzo de 2008. A tenor del indicado Decreto, se crean nuevas estructuras y funciones que se corresponden con la propuesta de Diseño Curricular, la que como es bien sabido, no está en vigencia, por lo tanto, este acto administrativo del Ministerio de Educación, viola la Constitución, la Ley Orgánica de Educación y Acuerdos Internacionales. En consecuencia, solicitamos la derogatoria del Decreto mencionado.

Varias han sido las iniciativas gubernamentales para la modificación del Curriculum Educativo. Desde el Decreto 1011, hasta el ahora denominado Curriculum Bolivariano. En todos los casos, las autoridades del Ministerio de Educación practican la exclusión de los principales protagonistas del proceso educativo: trabajadores y trabajadoras de la docencia en todos los niveles y modalidades, así como a los padres y representantes.

• Proponemos trabajar por la más amplia revisión y evaluación del Currículo Básico Nacional y los proyectos promovidos por el gobierno nacional, incluyendo los Simoncitos, Escuelas Bolivarianas, Liceos Bolivarianos, Escuelas Técnicas Robinsonianas, Misiones educativas, todo con el fin de resguardar su adaptación a los principios de pluralismo, libertad de expresión y de cátedra, así como su eficacia material.

• Exigimos, se convoque a una Comisión Nacional para la Reforma Curricular, que abarque todos los aspectos que comprenden un Curriculum Básico Nacional: programas, infraestructura, salarios, formación docente, seguridad social y ciudadana, calidad de enseñanza, contratación colectiva, recursos para el aprendizaje, entre otros, donde participen el Ministerio de Educación, las Universidades, las Academias, docentes con sus organizaciones sindicales, padres y representantes, estudiantes, de modo que de ese intercambio, emane una Propuesta Educativa Nacional cimentada en el consenso y en los postulados plasmados en la Carta Magna.

3.- En materia sindical y gremial:

Indiscutiblemente fracasaron los intentos más recientes por cercenar los espacios de participación a las diferentes corrientes de pensamiento plural, que hacen vida dentro del mundo sindical y gremial. En el pasado y en el presente todo gobierno que excluye sectores sindicales y gremiales, obtiene confrontación y conflictividad. La intromisión del CNE en los procesos electorales sindicales y gremiales no acabó ni acabará con el pensamiento sindical, gremial y profesional, diverso y crítico. Para lo único que ha resultado eficaz, es para cercenar el derecho de la clase trabajadora a la negociación colectiva. Según estadísticas del mismo Ministerio del Poder Popular para el Trabajo y la Seguridad Social, en los últimos 10 años han proliferado en número las organizaciones sindicales y contradictoriamente, ha descendido la cifra de contratos colectivos firmados y el universo laboral amparado. Si en una empresa privada u organismo público, los procesos electorales regulados incluso por el CNE dan la victoria a una corriente sindical no afecta al oficialismo, el Ministerio del Poder Popular para el Trabajo y la Seguridad Social irrespeta la cualidad de la directiva para negociar la contratación colectiva y fomenta la figura del referéndum, demorando el proceso contractual, afectando el interés del colectivo laboral y generando conflictos legítimos.

En paralelo a esta situación, los incrementos salariales y algunas mejoras laborales, se decretan unilateralmente por vía del Ejecutivo Nacional y/o se pactan con "grupos de trabajadores", afectando la tasa de sindicalización.

• Urge en consecuencia, una enmienda al artículo 293 de la Constitución Nacional, en su numeral 6°, que suprima la ingerencia del CNE en las elecciones sindicales y gremiales y le devuelva la autonomía de gestión a las organizaciones de la clase trabajadora, como establece el convenio 87 de la Organización Internacional del Trabajo.

• Solicitamos además a través de su intermedio, que el Ministerio del Poder Popular para el Trabajo y la Seguridad Social, reconozca la cualidad de representación a las organizaciones sindicales y gremiales cuyos procesos electorales se hacen conforme a sus estatutos y sea reestablecido en todo el territorio nacional, la legitimidad de los sindicatos para negociar colectivamente, respetando lo previsto en el convenio 98 de la Organización Internacional del Trabajo. En definitiva son los trabajadores y las trabajadoras las que delegan en el sindicato su representación y es la clase trabajadora la que legitima la conducción de sus organizaciones.

4.- En materia de seguridad ciudadana:

Las estadísticas de muertos, heridos, discapacitados y núcleos familiares afectados por la delincuencia y la inseguridad, colocan a nuestro país y muy especialmente a la clase trabajadora venezolana, a la cabeza de un triste escenario que sólo se asemeja a las situaciones de poblaciones en guerra. Son los hijos e hijas y demás familiares de la clase trabajadora, quienes mueren a manos del hampa. Pero son también los sectores más pobres de nuestra sociedad, los que nutren las cárceles. No es posible construir un plan de seguridad que desconozca y excluya a los más afectados y afectadas. Algunas secuelas de la inseguridad incrementan la pobreza y no hablamos sólo de frías cifras económicas. Nos referimos, por ejemplo, a familias que pierden madres o padres, producto de un hecho delictivo. Por tal razón, exigimos nuestro derecho a ser considerados como actores sociales, en los espacios públicos de definición de políticas orientadas a reducir los efectos de la inseguridad.

Por último, ratificamos de manera expresa la solicitud de que el presente documento, en sus reclamos y propuestas, a favor de las trabajadoras y trabajadores venezolanos, sea sometido a la plenaria de la Asamblea Nacional de la República Bolivariana de Venezuela para que esa Máxima Instancia Legislativa Nacional apruebe la Convocatoria de una Mesa de Dialogo Laboral, con todos los sectores sindicales y gremiales del país, para el tratamiento de los aspectos aquí planteados.

En tiempos de justicia social, en Caracas al Primero de Mayo de Dos Mil Ocho (2008)

Por la CTV : MANUEL COVA
 Por la CGT : MARITZA CHIRENO
Por CODESA : CARLOS INFANTE
Por ASI: CARLOS NAVARRO

Por el Bloque Gremial Profesional y Sindical Por el Frente para la Defensa de una Educación Democrática

]]> 2008-05-01T15:49:00-04:00 Venezuela Real Secuestrados: agonía en la oscuridad http://venezuelareal.zoomblog.com/archivo/2008/04/18/secuestrados-agonia-en-la-oscuridad.html http://venezuelareal.zoomblog.com/archivo/2008/04/18/secuestrados-agonia-en-la-oscuridad.html Jon Sistiaga
Cuatro  - Televisora Española
Abril de 2008

Colombia, un país de 44 millones de habitantes, tiene a 3.200 personas secuestradas en manos de distintas guerrillas, delincuencia común y mafia. El ritmo de hoy es de un secuestro al día. Las últimas noticias sobre la precaria salud de la que fuera candidata a la presidencia, Ingrid Betancourt, ha movido al reportero Jon Sistiaga a permanecer veinte días en el país latinoamericano para hablar con antiguos secuestradores y ofrecer testimonios de los que fueran víctimas.

Para Sistiaga, el secuestrador incurre en un delito peor incluso que el disparo de un sicario. «Al sicario le basta una foto para matar, mientras que el que secuestra convive con el secuestrado, llega a conocer sus emociones, su forma de pensar, puede intimar con él o tener una empatía, pero no dudaría en pegar un tiro, sobre todo las guerrillas, si así se lo ordenan», explica.

NOTA: El primer video tiene algunos comerciales, que pueden adelantarse con la barra de avance.

 Primera Parte
 
Segunda Parte

 Tercera Parte
 
 Cuarta Parte
 
 Quinta Parte
 
  Sexta Parte

]]> 2008-04-18T13:12:00-04:00 Venezuela Real Las inhabilitaciones políticas que acuerda el Contralor General ... http://venezuelareal.zoomblog.com/archivo/2008/04/18/las-inhabilitaciones-politicas-que-acu.html http://venezuelareal.zoomblog.com/archivo/2008/04/18/las-inhabilitaciones-politicas-que-acu.html Abogados firmantes
15 de abril de 2008

...de la República: Inconstitucionalidad y desviación de poder

Declaración de los Abogados:
 Alberto Arteaga Sánchez
Alfonso Rivas Quintero
Alfredo Morles Hernández
Claudia Nikken
Enrique Sánchez Falcón
Gerardo Fernández
Gustavo Linares Benzo
Gustavo Tarre Briceño
Jesús María CasalJorge Pabón
José Enrique Molina
Rafael Contreras
Ramón Guillermo Aveledo
Román J. Duque Corredor
 

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]]> 2008-04-18T12:38:00-04:00 Venezuela Real Tarde y violento http://venezuelareal.zoomblog.com/archivo/2008/04/17/tarde-y-violento.html http://venezuelareal.zoomblog.com/archivo/2008/04/17/tarde-y-violento.html Ramón Sahmkow
TalCual
17 de abril de 2008

En 2003 se decretó una zona agrícola especial en "Valle del Turbio" que recibiría ayuda financiera y técnica del Estado, pero eso nunca ocurrió

Las acciones que emprendió el Instituto Nacional de Tierras en las fincas cañicultoras del Valle del Turbio llegan con retraso e incumpliendo las promesas de desarrollo e inversión decretadas por el Gobierno para la zona hace más de cuatro años.

El 30 de diciembre de 2003, el decreto 2.743 de la Gaceta Oficial Nº 37.848, fijó una "Zona de Aprovechamiento Agrícola Especial" en 12.173,4 hectáreas, ubicada dentro de los municipios Iribarren y Palavecino del estado Lara. La misma zona que parcialmente ocupan las 39 fincas –2.400 hectáreas– ocupadas por efectivos militares y funcionarios del Inti desde la madrugada del pasado domingo 13 de abril.

El decreto estipulaba que el Ministerio de Agricultura y Tierras dictaría un Plan de Manejo y normas de cultivo "que se requieran para el uso racional de los suelos de acuerdo con las directrices que, a los efectos de la conservación de los recursos naturales, señale el Ministerio del Ambiente".

Además, el MAT prestaría apoyo técnico y financiero, y coordinaría la ejecución de obras de infraestructura vial, hidráulica, habitacional, de servicio, educativos y de recreación. En un plazo menor a seis meses, se realizaría un censo de los ocupantes de la zona.

Mario Seijas, presidente de Fedecámaras Lara, asegura que nada de eso se llevó a cabo. "El Estado está en deuda con el Valle", dijo.

REUNIÓN

Los agricultores de la zona esperan la concreción de los acuerdos alcanzados el miércoles tras una reunión con el presidente del Inti, Juan Carlos Loyo, y autoridades civiles y militares de la entidad.

El primer punto implicaba el retiro de los efectivos del Ejército que ocupaban los terrenos, pero hasta ayer la presencia militar se mantenía, dijo Seijas.

"Para cualquier conversación, lo primero que debe haber es una desmilitarización de la zona", dijo Rafael Chirinos, presidente de Fesoca, ente que ag! rupa a l as asociaciones de cañicultores.

Además se extendió por sesenta días más el plazo para que los productores entreguen al Inti los documentos que certifiquen la supuesta propiedad sobre los terrenos. Algunos poseen certificados que datan de 1820, dijo Seijas.

Los acuerdos incluyen la conformación, a partir de esta semana, de mesas de trabajo para analizar el manejo adecuado de las tierras y de auditorías mixtas para evaluar las condiciones de cada uno de los feudos.

Para este viernes, los productores podrían activar una protesta en Barquisimeto si se incumplen los lineamientos acordados. Además esperan la resolución de los tribunales agrarios del estado Lara ante el amparo introducido el lunes por la "violación del debido proceso" en la que habría incurrido el Estado con la ocupación previa de los terrenos con el Ejército. "Servirá como soporte legal si el Gobierno no cumple los acuerdos", dijo Seijas.




]]> 2008-04-17T11:12:00-04:00 Venezuela Real DECLARACIÓN DE PRINCIPIOS DE LA ACADEMIA VENEZOLANA DE LA LENGUA, ... http://venezuelareal.zoomblog.com/archivo/2008/04/13/declaracion-De-Principios-De-La-Academ.html http://venezuelareal.zoomblog.com/archivo/2008/04/13/declaracion-De-Principios-De-La-Academ.html  El pasado jueves, 10 de abril,  se cumplieron  125 años de la fundación de la Academia Venezolana de la Lengua,  correspondiente de la Real Academia Española. Con tal motivo se realizó una sesión  especial de la Academia  Venezolana, y se dio lectura a una Declaración  de Principios sobre el uso público del lenguaje.

ACADEMIA VENEZOLANA DE LA LENGUA
Caracas, 10 de abril de 2008

... CORRESPONDIENTE DE LA REAL ACADEMIA ESPAÑOLA,  ACERCA DEL USO PÚBLICO DEL LENGUAJE

La Academia Venezolana de la Lengua, correspondiente de  la Real Academia Española, en ejercicio de la función que le otorga su Estatuto cuando en su artículo 1 señala: “La  Academia Venezolana de la Lengua tiene por finalidad velar  por el mantenimiento de la integridad y corrección de la lengua  española…”, considera necesario y oportuno declarar lo siguiente.

El lenguaje es uno de los elementos constitutivos de una nación y parte fundamental de su acervo cultural. Su importancia se mide por el hecho de ser una de las manifestaciones más significativas de la cultura de un pueblo, y al mismo tiempo instrumento imprescindible para la expresión de las demás manifestaciones culturales, tanto en el orden individual como en el colectivo. En consecuencia, el lenguaje es patrimonio común de todas las personas, en cuya preservación y uso apropiado tienen responsabilidad la totalidad de los habitantes de la República, así como las diversas instituciones que la forman.

Tal responsabilidad se traduce en la obligación de los usuarios de emplear nuestro idioma nacional con estricto apego a sus normas comunes de uso, y con respeto y especial atención a lo que se conoce como la índole o el espíritu de la lengua, que obviamente es, en nuestro caso, la índole o el espíritu del pueblo venezolano. Todo ello sin limitar ni obstaculizar la natural evolución del idioma, ni el impulso creador que suele presentarse en el uso del lenguaje común.

Especial importancia adquiere el uso del lenguaje en los  medios de