Exigen aclarar futuro de 10.000 contratados de EDC y Cantv: Comentarios

Enviado por María Walter (Contacto, Página)
Fecha: 20 de Mayo, 2007, 20:59

Una pincelada!

¿POR QUE SOLICITAR UNA MEDIDA CAUTELAR PARA SUSPENDER EL MEMORANDUM DE ENTENDIMIENTO ENTRE EL ESTADO VENEZOLANO Y LA EMPRESA ESTADOUNIDENSE THE AES CORPORATION ?

He recibido comentarios acerca de “lo inútil” de la acción intentada ante el TSJ en solicitud de la Medida Cautelar para SUSPENDER EL MEMORANDUN DE ENTENDIMIENTO firmado por el Estado Venezolano y la empresa estadounidense AES Corporation, al respecto hago público mi observación sobre el particular, en virtud de la importancia que tiene la comprensión de la causalidad asociada a tal solicitud, partiré para ello de dos elementos básicos:

1. Cuando los nacionales de un país tienen claridad acerca del valor estratégico de sus fuentes energéticas, establecen procedimientos para resguardar los mismos ante cualquier pretensión de dominio externo, de allí que, no se puede esperar acción distinta a tal resguardo por parte de los gobiernos del mundo y ello es así, por las comprensibles razones de soberanía que se ponen en juego, sin embargo, el capital multinacional jugando a ganador busca oportunidades de expansión y dominio para lo cual, establece “alianzas con factores de poder en ejercicio de gobierno” así, bajo el pretexto de inyección de capitales, economías “en vías de desarrollo” han abierto sus puertas al capital multinacional bajo el amparo de sistemas normativos acomodaticios que sin titubeos, se han sumado al juego del estrangulamiento de opciones nacionalistas ganadas a la superación de las causas estructurales causantes, de los pobres indicadores de calidad de la gerencia social y por ende satisfacción colectiva.

2. La electricidad es un servicio público de primer orden, sin él, las sociedades del Siglo XXI sencillamente colapsarían, por ello, su manejo, su control, su dominio, ofrece una cualidad superior a la sociedades que concientes de ello, actúan en su resguardo, modernas, productivas, la asumen como asunto vital para la vida y prosperidad de sus nacionales, de allí que sea su criterio, mantener el control sobre su sistema eléctrico, el cual sustentan en la valoración estratégica que por razones de Soberanía posee, es así que, en cuanto a Seguridad y Defensa Nacional, la electricidad se constituye per se en instrumento del poder político.


Ahora bien, me remontaré a los albores del año 2000 cuando fruto de la “habilitación” concedida al Presidente de la República se produjo entre un manojo de leyes, la Ley del Servicio Eléctrico que, abriendo posibilidades a la inversión privada, impuso restricciones al otorgamiento de concesiones para las empresas extranjeras no domiciliadas en el país, sin embargo, el detalle de la domiciliación para nada fue tomado en consideración cuando, de buenas a primera, la empresa estadounidense The AES Corporation manifestó mediante OFERTA PUBLICA DE ADQUISICION el interés que tenía en tomar el control de la empresa estratégica venezolana C.A. ELECTRICIDAD DE CARACAS. Llamo la atención sobre ese detalle de la domiciliación de AES por cuanto el mismo, es importante para la comprensión del caso, pues es esencia de la acción incoada en junio de 2000, contextualicemos:

a) Art. 150 de la Constitución Nacional:
“La celebración de los contratos de interés Público nacional requerirán la aprobación de la Asamblea Nacional en los casos que determine la ley. No podrá celebrarse contrato alguno de interés público municipal, estadal o nacional con Estados o entidades oficiales extranjeras o con sociedades no domiciliadas en Venezuela, ni traspasarse a ellas, sin la aprobación de la Asamblea Nacional.” (El subrayado es nuestro)

b) Art. 48 de la Ley del Servicio Eléctrico:
“...las concesiones (de distribución de electricidad) sólo podrán ser transferidas previa autorización expresa del ente concedente y conforme a las condiciones establecidas en esta Ley y su Reglamento”

El carácter estratégico de la empresa ELECAR fue desmerecido por los órganos del Estado -cuando en su oportuno momento argumenté razones de orden estratégico y aun era posible impedir la negociación- ello impuso (escasos diez días después de la cesión) hacer la correspondiente denuncia ante el máximo Tribunal del país, mediante DEMANDA DE NULIDAD POR INCONSTITUCIONALIDAD en procura, del restablecimiento del Estado de Derecho quebrantado en observancia a lo pautado en:

a) Art. 151 Constitucional:
“En los contratos de interés público, si no fuera improcedente de acuerdo con la naturaleza
de los mismos, se considerará incorporada, aún cuando no estuviere expresa, una cláusula
según la cual las dudas y controversias que puedan suscitarse sobre dichos
contratos y que no llegaren a ser resueltas amigablemente por las partes
contratantes, serán decididas por los tribunales competentes de la República, de
conformidad con sus leyes, sin que por ningún motivo ni causa puedan dar
origen a reclamaciones extranjeras”


b) Art. 326 Constitucional:
“La seguridad de la Nación se fundamenta en la corresponsabilidad entre el Estado y la sociedad civil para dar cumplimiento a los principios de independencia, democracia, igualdad, paz, libertad, justicia, solidaridad, promoción y conservación ambiental y afirmación de los derechos humanos, así como en la satisfacción colectiva de los venezolanos y venezolanas, sobre las bases de un desarrollo sustentable y productivo de plena cobertura para la comunidad nacional. El principio de la corresponsabilidad se ejerce sobre los ámbitos económico, social, político, cultural, geográfico, ambiental y militar”.

Así, en fecha 26 de octubre 2006, la Sala Constitucional ADMITE LA DEMANDA manifestando:
a) Su competencia para conocer del caso:
“(…) la inconstitucionalidad de las omisiones del poder legislativo (…) nacional cuando haya dejado de dictar las normas o medidas indispensables para garantizar el cumplimiento de esta Constitución (…)”. El indicado precepto, señaló la Sala en el fallo N° 1556/2002 de 9 de julio, le “(…) atribuye directa e inequívocamente (…) la competencia para el conocimiento de la acción de inconstitucionalidad por omisión, a la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, determinando ella, la inconstitucionalidad, no de un acto, sino de la conducta negativa, de la inercia o inactividad en que haya incurrido algún órgano del poder legislativo al no adecuar su conducta, en absoluto o parcialmente, al cumplimiento de una obligación suya de dictar una norma o una medida indispensable (…)”, lo cual abarca no sólo la inactividad legislativa en un sentido formal, sino además el cumplimiento de cualquier otra obligación en ejecución directa e inmediata del Texto Fundamental (Vid. Sent. N° 4985/2005 de 15 de diciembre). Por su parte, el numeral 12 del artículo 5 de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia recogió, en idénticos términos, la competencia constitucionalmente atribuida. Además, el numeral 13 de la mencionada norma incluyó, dentro del ámbito del control de la inconstitucionalidad por omisión a “(…) las omisiones de cualquiera de los órganos que ejerzan el Poder Público de rango nacional, respecto a obligaciones o deberes establecidos directamente por la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela”.
b) Sus dudas:
“si bien el carácter de interés público de tales operaciones es una afirmación que prima facie esta Sala no puede respaldar y validar, sí estima imprescindible analizar el caso planteado a fin de determinar si la violación denunciada resulta cierta para tutelar los eventuales intereses de la República que estén en juego, pues se cuestiona el control accionario de una compañía extranjera sobre la empresa prestadora del servicio eléctrico a la capital de la República, sede de todos los órganos que ejercen el Poder Público nacional, lo que inmiscuye a la seguridad de la Nación, positivizada por el artículo 326 constitucional.
Lo antes expuesto nos permite señalar:
a) La cesión de acciones de la C.A. Electricidad de Caracas (realizada en el 2000 con la finalidad de otorgar el control del servicio público de electrificación de la ciudad de Caracas –sede de todos los órganos que ejercen el Poder Público Nacional- y el suministro de energía al Centro Refinador de Paraguaná- en los actuales momentos se encuentra sometida a la revisión de la Sala Constitucional a los fines de determinar, si efectivamente en la oportunidad de la cesión accionaria, se violó lo establecido en la Constitución Nacional y la Ley del Servicio Eléctrico, en razón de que:
 La C.A. Electricidad de Caracas es una empresa que brinda servicio público de primer orden (contrato de interés público)
 The AES Corporation es una empresa extranjera
 La Asamblea Nacional omitió la respectiva AUTORIZACION QUE CON CARÁCTER PREVIO ha debido otorgar cual si, EL CARÁCTER ESTRATEGICO ahora esgrimido para ESTATIZAR ELECAR no tenía valor alguno en el año 2000.
b) Es un hecho cierto, público y notorio, la condición LITIGIOSA que posee ELECAR, sin embargo, el gobierno nacional soslayándola, dió a conocer su intencionalidad de adquisición a través del denominado MEMORANDUM DE ENTENDIMIENTO Y SU COMPLEMENTO (8/3/ 2007), pretendiendo de esa manera desdibujar la gravedad de la falta cometida en el año 2000, objeto precisamente de la DEMANDA DE NULIDAD que por su carácter y fundamento, a opinión de la propia Sala Constitucional:
“(…) no se subsume en ninguna de las causales de inadmisibilidad previstas en el párrafo quinto del artículo 19 de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia, aplicables a todas las solicitudes o demandas intentadas ante este Tribunal Supremo de Justicia. Por consiguiente, esta Sala Constitucional admite la acción de inconstitucionalidad por omisión y, en consecuencia, ordena notificar al Fiscal General de la República, al Defensor del Pueblo, a la Procuraduría General de la República, al Ministerio de Energía y Petróleo y a la Comisión Nacional de Valores, y citar al Presidente de la Asamblea Nacional, a C.A. La Electricidad de Caracas y a Inversora D5 2000 C.A. De igual forma, se ordena notificar a los interesados, por medio de cartel que se publicara en un diario de circulación nacional, todo de conformidad con el procedimiento establecido por esta Sala en sentencias núms. 1645/2004 y 1238/2006”.
Basta una pincelada para lograr la perfección de UNA OBRA PICTORICA, por ello, en resguardo a los intereses de todas las venezolanas y venezolanos y para reivindicar el derecho, que es de de corresponsabilidad social e interés público, se impone la suspensión de la sobrevenida compra de la Electricidad de Caracas a los fines de evitar la convalidación del ilícito cometido en el 2000. La pretendida ESTATIZACION de la empresa ELECTRICIDAD DE CARACAS, mediante pago de 739 millones de dólares a la empresa estadounidense The AES Corporation, fue sometida al análisis de la Sala Constitucional mediante SOLICITUD DE MEDIDA CAUTELAR DE SUSPENSION DEL MEMORANDUM DE ENTENDIMIENTO ENTRE EL GOBIERNO NACIONAL Y LA EMPRESA NORTEAMERICANA AES CORPORATION el martes 20 de Marzo de 2007, dicho dictamen está por producirse, para ello el pasado 10 de abril 2007 la Magistrada Carmen Zuleta de Merchán fue nombrada Ponente, es este tal vez uno de los mas difíciles retos de su actuación judicial. Sus zapatos calcen la dignidad de la conciencia libre.
El principio de la verdad sustenta la justicia, allí, la razón de la venda sobre los ojos de "Themis”.

María Josefina Walter Valecillos

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